Los y las profesionales del trabajo social vuelven a movilizarse contra la nueva ley de la administración local

Denuncian que provocará la desaparición del sistema público de Servicios Sociales

Los trabajadores y trabajadoras sociales de Canarias volvieron a mostrar su rechazo a la llamada Ley de Racionalización de Sostenibilidad de la Administración Local que esta semana debatieron en las Cortes Generales. Este jueves 19 de diciembre la marea naranja volvió a estar presente en distintos centros de servicios sociales de Canarias.  Los colegios de trabajadores sociales de Canarias convocaron esta movilización de rechazo a una ley que han criticado incluso muchos alcaldes del Partido Popular, la fuerza política que promovió esta ley sin consenso social.

Como ya denunció el Consejo General del Trabajo Social (donde  estamos todos los colegios de trabajadores sociales del Estado) esta ley va a provocar  un retroceso en el fondo y en la forma en la concepción de las Políticas Sociales y contribuye al desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales construido en los últimos 30 años y en el que ha estado implicado de manera especial nuestra profesión.  Creemos que supone el desprecio de un rol profesional como el del Trabajo Social que ha costado establecer lustros de mucho esfuerzo y que gracias nuestra labor profesional, la intervención social y la atención primaria de los servicios sociales hemos promovido, desde hace décadas la recuperación y consolidación comunitaria, participando en la promoción de un estado moderno y protector de los ciudadanos en situación desventaja social.

Esta  reforma reducen a la mínima expresión en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (casi todos los de Canarias) los servicios de guarderías, ayuda a domicilio, pequeñas residencias para mayores, atención a los discapacitados. En ese sentido en Canarias se verían directamente afectados 61 de los 88 municipios, se dejaría sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables de cada municipio: menores, mayores, personas en situación de dependencia, personas en desempleo, personas sin recursos, etc.  En el 2011 en Canarias fueron atendidas por los SS.SS. municipales más de 720.000 demandas a través de los  2.300 profesionales que dentro de este ámbito trabajan en los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma.

Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios y menos en estos años de recortes presupuestarios en los que están recortando servicios. Que nadie se equivoque. Estos servicios no se privatizarán. Simplemente desaparecerán. Atender a miles de personas empobrecidas en sus necesidades básicas no es negocio. Eso sí, se abrirán de par en par las puertas de la limosna tranquilizadora de conciencias y de la beneficencia como ya se observa en algún medio de comunicación público.

Porque nos preocupa que precisamente cuando más falta hace un sistema público de servicios sociales que pueda garantizar los derechos sociales y económicos de las personas más castigadas por la actual crisis económica, justo ahora es cuando realizan reformas legislativas que obedecen más a una ideología neoliberal que intenta mantener un modelo económico insostenible y que da la espalda a la mayoría de la ciudadanía, sobre todo a la población más vulnerable.