De la Nada a la Miseria. El largo viaje de ATI-COALICIÓN CANARIA (y IV) - por Julián Ayala Armas
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De la Nada a la Miseria. El largo viaje de ATI-COALICIÓN CANARIA (y IV) - por Julián Ayala Armas
IV. La resisitible ascención de Paulino Rivero
“Sean hechos llantos
por ser esto assí,
quel bien que tenía
todo lo perdí.”
(Anónimo siglo XV: Coplas sobre
la rota de Sierra Bermeja)
PREPARANDO EL TERRENO. En el III Congreso Nacional de Coalición Canaria, que tuvo lugar los días 28 y 29 de mayo de 2005 en Santa Cruz de Tenerife, Paulino Rivero fue reelegido presidente del partido con el 99% de los votos de los más de 1000 compromisarios de las siete islas y de Venezuela. El congreso aprobó, además, la conversión en partido único de la federación de agrupaciones políticas que desde 1993 habían integrado CC. Así mismo, a instancias de las Juventudes, se adoptó como bandera del partido la tricolor canaria con las 7 estrellas verdes, matizando que ello no implicaba connotación alguna de carácter independentista.
Paulino Rivero había sido alcalde de El Sauzal desde las primeras elecciones democráticas de 1979, en las que lideró la lista de UCD en el municipio. A partir de 1983, ya en la ATI refundada por Manuel Hermoso, de la que fue secretario general, siguió siendo sucesivamente alcalde de El Sauzal hasta 2007. Fue también consejero del Cabildo de Tenerife y diputado del Congreso desde la VI legislatura, a partir de 1996, hasta la VIII, iniciada en el año 2004. Dejó la alcaldía y el Congreso para presentarse a la presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones del 27 de mayo de 2007. En julio, después de ser investido presidente del Ejecutivo, renunció también a la presidencia de CC, siendo sustituido por José Torres Stinga hasta la celebración del VI Congreso del Partido, que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria los días 26 y 27 de octubre de 2008, en el que fue elegida presidenta la ex alcaldesa de La Oliva y ex senadora por Fuerteventura, Claudina Morales.
ESCÁNDALOS SONOROS. Rivero no entró con buen pie en el Gobierno de Canarias. Un PSOE con nuevos bríos, después del inesperado triunfo de Rodríguez Zapatero en marzo de 2004, liderado en Canarias por el ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, remontó la inercia perdedora de la que adolecía el partido desde su expulsión del Ejecutivo en 1993.
Además, dos escándalos sonoros abonaron la campaña del candidato socialista, pues meses antes de las elecciones, el 5 de diciembre de 2006, había salido a la luz el caso Forum Filatélico ligado al proyecto de construcción de la Marina de San Andrés, en el que aparecían implicados como perceptores de comisiones ilegales el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor. A esto se unió pocas semanas después, el 4 de enero de 2007, la admisión por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la querella del caso Las Teresitas, donde también aparecía metido hasta el pescuezo el alcalde de la capital tinerfeña.
Acosados, a los líderes áticos no se les ocurrió mejor táctica que retroceder a su primera época y enrocarse en un insularismo radical y cerril. Sabiendo que poco podían rascar ya en Gran Canaria, echaron por la borda su nacionalismo de cartón piedra y volvieron a sus esencias ideológicas primigenias. Las máquinas de humo empezaron a funcionar a toda pastilla y la histeria mediática se desató: Todo era una “campaña contra Santa Cruz”, una “manipulación” de la Fiscalía Anticorrupción por el ex ministro de Justicia y candidato socialista al Gobierno Autónomo, el “canarión” Juan Fernando López Aguilar… Fue la última vez que sacaron en procesión la mojama de San Manuel Hermoso.
Todo inútil. La noche electoral del 27 de mayo (1) se supo que el PSC/PSOE, con 322.833 votos y 26 escaños (9 más que los logrados en los anteriores comicios) era el indiscutible vencedor de la jornada. En segundo lugar, el PP de José Manuel Soria, con casi cien mil votos menos que el PSOE, obtuvo 15 diputados.
LA PRIMERA DERROTA. Fue la primera derrota de Coalición Canaria en 16 años (18, si contamos los dos de gobierno de Hermoso después de la censura a Saavedra), pues fue tercera en votos con casi dos mil menos que el PP, pero por los efectos del peculiar sistema electoral canario, segunda en escaños, 17, que con los 2 obtenidos por AHI subieron a 19. Coalición sólo ganó directamente las elecciones en Tenerife, donde logró 7 de los 15 diputados, y en La Palma, con 4 de los 8 correspondientes a esta isla. Su mayor pérdida se produjo en Gran Canaria, donde el “efecto Román” redujo a uno los cuatro diputados que obtuvo Adán Martín en 2003. NC, con 50.749 votos, el 5,50% del total, no consiguió ningún escaño, pero sin duda contribuyó a que CC perdiera algunos.
Paulino Rivero hizo lo que sus antecesores en el cargo, Manuel Hermoso, Román Rodríguez y Adán Martín: pactó con el PP. A cambio de sus 15 diputados, José Manuel Soria exigió la vicepresidencia y la consejería de Economía y Hacienda para él, así como las consejerías de Turismo, Sanidad y Agricultura para otras integrantes de su partido. El 5 de julio de 2007 Paulino Rivero logró su primera investidura como presidente de Canarias con 34 votos, los 19 de CC-AHI y los 15 del PP.
Juan Fernando López Aguilar se tuvo que tragar su victoria pírrica y desgastado por una tarea de oposición estéril, no terminó la legislatura, pues en 2009 encaminó sus pasos al dorado cementerio de elefantes que es el Parlamento europeo, donde continúa en la actualidad.
El pacto CC-PP, al contrario del que hubo en el Gobierno anterior, funcionó con un razonable nivel de estabilidad hasta el 19 de octubre de 2010, en que el PP decidió romperlo, contrariado –esa fue la excusa de Soria– por el apoyo prestado por los diputados de CC en el Congreso al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 del último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según declaraciones de Soria, dichos presupuestos no eran beneficiosos para la inversión y el empleo en Canarias. No obstante, tal como afirmó el hasta entonces vicepresidente del Gobierno al anunciar la ruptura del pacto, no comprometió la estabilidad del Ejecutivo en minoría de CC y siguió apoyando los proyectos en los que había colaborado, especialmente los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011, que él mismo había diseñado. CC, condicionada por el PP, gobernó en solitario el resto de la legislatura
SEGUNDA PRESIDENCIA DE PAULINO RIVERO. Después de superar algunas dificultades internas en su propio partido, Paulino Rivero fue designado otra vez candidato a la presidencia en las elecciones de 2011, que tuvieron lugar el 22 de mayo. Por segunda vez, CC, aliada con el PNC, el CCN (ya convertido en empresa familiar de Ignacio González Santiago) y, en El Hierro con AHI, quedó en segunda posición, si no en diputados sí en votos. El PP, de nuevo con Soria como cabeza de lista, obtuvo 289.381 papeletas (el 31,94%) y 21 diputados; la coalición electoral CC-PNC-CCN-AHI logró 225.948 votos (el 24,94%), pero también 21 diputados, y el PSC/PSOE 190.028 votos (el 20,98%) y 15 escaños. NC, en Alianza con el PIL, con 82.148 papeletas consiguió 3 diputados, entrando por primera vez en el Parlamento de Canarias.
CC y sus aliados tuvieron mejores resultados que en los comicios anteriores, dos escaños más y la primacía en Tenerife (aunque descendió de 7 a 6 escaños), en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Palma. En Gran Canaria, sin embargo, sólo sacó uno, como en la legislatura anterior, contra 8 del PP. NC-PIL obtuvo dos de sus tres diputados en esta isla, el otro fue en Lanzarote.
Antes de las elecciones el PP había propuesto al PSOE un pacto de legislatura que desplazara del poder a CC, pero el PSOE declinó la propuesta, dejando la puerta abierta a una alianza con los nacionalistas. Esta se fraguó pocas semanas después de las votaciones. El secretario general socialista, José Miguel Pérez accedió a la vicepresidencia y fue consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. El PSC/PSOE gestionó dos consejerías más, pero no la de Economía y Hacienda, que se reservó C.C.
La segunda investidura de Rivero tuvo lugar los días 4 y 5 de julio, en que fue reelegido presidente con los 21 votos de CC-PNC-CCN-AHI y los 15 del PSC/PSOE. El PP votó en contra y NC se abstuvo.
En su discurso de investidura, Rivero expuso su programa para los próximos cuatro años, basado en diez objetivos, de los cuales los principales serían la recuperación de la economía y del empleo, así como mejoras en sanidad y educación, políticas –subrayó el nuevo presidente– que tienen que ver directamente con “el bienestar de las personas”, objetivo prioritario del nuevo Gobierno… En fin, un discurso al uso, de cara a la galería, que es posible que el nuevo presidente tuviera intención de cumplir, aunque él mismo se puso la venda antes de la herida, aludiendo a la difícil situación que atravesaba el país, por la crisis económica en auge en aquellos años, a la cual achacó en su balance posterior los recortes sociales que marcaron su segunda etapa en el Gobierno.
CRISIS DE LAS PROSPECCIONES. Lo que no podía prever Paulino Rivero fue la aparición en Canarias desde el inicio de la legislatura de otra crisis, sobrevenida esta vez por las políticas del ministerio de Industria Energía y Turismo del primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuyo titular era precisamente el ex vicepresidente de su anterior Gobierno, José Manuel Soria López. En efecto, al poco tiempo de su toma de posesión, Soria activó unos viejos permisos para prospecciones petrolíferas a unos 50 kilómetros de las islas de Lanzarote y Fuerteventura a favor de la multinacional de origen español Repsol.
Este proyecto marcó toda la segunda legislatura de Rivero al frente del Ejecutivo Autonómico. La noticia causó una gran alarma social que, nacida en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, cuyos respectivos cabildos se enfrentaron frontalmente a las prospecciones, se extendió a todo el Archipiélago, con varias y masivas manifestaciones ciudadanas y el pronunciamiento en contra del Ejecutivo canario, que llegó a amenazar por boca de su presidente con romper las relaciones institucionales con el Gobierno de España, al que acusó de actitud “colonial” con las Islas.
El Gobierno, respaldado por su mayoría parlamentaria y con la oposición de los diputados del PP, intentó en primer lugar realizar un referéndum, que fue recurrido por el Ejecutivo estatal ante el Tribunal Constitucional que lo suspendió cautelarmente. A este intento siguió la propuesta de una consulta popular, que también fue suspendida por el TC a instancias del Gobierno central. Al final, todo quedó en un sondeo de opinión realizado en las siete islas por las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria. La encuesta, que constó de 2.772 entrevistas a mayores de 16 años, se hizo al amparo de la Ley de Participación Ciudadana de Canarias. Según el sondeo, el 75% de los canarios estaba en contra de las prospecciones, el 15 % era favorable a las mismas y el 9% no sabía o no contestaba. Los resultados de la encuesta fueron presentados al Gobierno el 23 de noviembre de 2014, precisamente el día en que estaba prevista la realización de la consulta popular suspendida, y fueron hechos públicos durante las grandes manifestaciones de protesta celebradas ante la delegación y las subdelegaciones del Gobierno de España en las Islas.
Repsol había empezado las prospecciones seis días antes, el 18 de noviembre de 2014. Dos meses más tarde, el 16 de enero de 2015, la compañía hizo público su abandono de los trabajos, en vista de lo infructuoso de la exploración, pues los hidrocarburos localizados no tenían ni el volumen ni la calidad suficientes para hacer rentable su extracción.
¿CANARIAS POR ENCIMA DE TODO? Terminó así uno de los más graves desencuentros entre la Administración Autonómica Canaria y los poderes del Estado, pero queda en el aire la duda sobre las verdaderas intenciones de Paulino Rivero en su defensa numantina de “los intereses de Canarias por encima de todo”. Lo que es indudable son las diferencias de enfoque entre las instituciones de gobierno y los movimientos sociales. Lo que une a ambos, y puede dar una apariencia genérica de similitud en los planteamientos, es el rechazo a las prospecciones petrolíferas y a las reiteradas negativas del Gobierno central a consultar la opinión de los habitantes de las Islas. Pero aquí terminan las semejanzas, pues mientras las plataformas sociales rechazan los combustibles fósiles y abogan por energías renovables, el Gobierno se limita a hacer hincapié en la forma en se plantean las prospecciones, mediante la concesión a Repsol para que descubra y explote las posibles bolsas de combustible existentes en las cercanías de Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, Paulino Rivero y su Gobierno no se oponen a la posible comercialización del petróleo y sus derivados, sino a su extracción y explotación por una empresa privada –para más inri mediante una concesión estatal– de unas fuentes de riqueza propias del Archipiélago. Lo que en realidad estaba reclamando Rivero es que fueran las instituciones oficiales canarias, su Gobierno en una palabra, las que gestionaran dichas fuentes de riqueza.
Esto, sin más, sería un interés legítimo dentro de un amplio marco de soberanía deseable, que nunca ha sido reclamado por las fuerzas que detentan el poder en Canarias ni en el inicio ni en las sucesivas reformas del Estatuto de Autonomía; pero se da de bruces con el planteamiento más progresivo y favorable al medio ambiente insular de la potenciación y uso de las energías renovables.
La diferencia de criterios se puso públicamente de manifiesto con la aprobación por el Parlamento Autonómico de la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 5 de enero de 2015, pasando desapercibido en el contexto del debate social sobre las prospecciones. En información aparecida en la publicación digital El Confidencial Autonómico el 12 de enero de dicho año se recogía la “alarma” de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), porque “no aparece reflejado en el texto ninguna restricción, limitación o prohibición en relación con proyectos de prospecciones o perforaciones para la exploración, investigación o explotación de petróleo y gas natural en el ámbito territorial y competencial autonómico canario”.
Según la nueva Ley, la autorización para sacar petróleo del subsuelo de Canarias estará condicionada a una declaración de impacto ambiental ordinaria en tres casos: a) cuando la cantidad extraída sea superior a 500 toneladas por día en el caso del petróleo y de 500 mil metros cúbicos por día en el caso del gas; b) cuando se realice en medio marino, y c) cuando se desarrolle en espacios naturales protegidos. Según esta normativa canaria, el proyecto de Repsol podía llevarse a cabo si la evaluación de impacto ambiental lo autorizara.
Esto chocaba con la postura que el Gobierno autónomo y los partidos que lo apoyaban estaban manteniendo respecto a las prospecciones que realizaba Repsol. Paulino Rivero había reiterado en numerosas declaraciones públicas que la búsqueda y subsiguiente explotación de petróleo eran incompatibles con el modelo económico y social de Canarias, basado en el turismo, y con la defensa del medio ambiente. Pero la nueva ley obviaba esta incompatibilidad, lo que hace dudar, como hemos señalado antes, de las intenciones del Gobierno canario en su enfrentamiento con el Ejecutivo estatal.
ABUSO OBSCENO DEL PARLAMENTO. Las dudas desaparecen si tenemos en cuenta el caso paradigmático del puerto industrial de Granadilla, cuyas obras apenas iniciadas durante el primer Gobierno de Paulino Rivero, fueron suspendidas por resolución judicial en marzo de 2009, porque traerían consigo la desaparición de gran parte del Espacio Natural Protegido Sebadales del Sur. Ante este revés jurídico, el Ejecutivo canario cortó por lo sano, ¿Cómo? Lisa y llanamente cambiando la norma en la que se basaba la resolución judicial. Para ello no dudó en manipular de manera torticera a la más alta instancia representativa de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, el Parlamento Autonómico. Así, CC presentó una proposición de ley para descatalogar todas aquellas especies animales y vegetales que pudieran ser un obstáculo para la realización de obras como la del referido puerto.
Con esta manera de proceder, además de los sebadales del sur, se descatalogó también la democracia misma, pues quedó patentemente demostrado que la Ley, para los que gobernaban Canarias, no estaba hecha para salvaguardar los intereses generales, sino para propiciar sus negocios y los de sus empresarios afines. La realización del puerto de Granadilla, que permanece prácticamente inoperativo desde su inauguración el 2 de marzo de 2018, se sustentó sobre un montón de mentiras, pero el colmo de la obscenidad política se perpetró en el Parlamento canario los días 18 y 19 de mayo de 2010 con la aprobación de la nueva Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, que levantaba la protección a los sebadales del Sur, salvando así el último obstáculo legal para iniciar las obras (2).
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aceptó un recurso de la organización ecologista Ben Magec contra el inicio de las obras del puerto, decidiendo la suspensión cautelar de las mismas, el Gobierno autónomo recurrió al Tribunal Supremo, que en agosto de 2012 falló dando la razón al TSJC. Pero a estas alturas los sebadales afectados por las obras estaban ya sepultados bajo toneladas de escombros vertidos en los dos años transcurridos desde su inicio.
A la vista de este ejemplo modélico, podemos concluir que a Paulino Rivero y a su Gobierno, así como a CC y al PSOE que lo apoyaban, les importaba un rábano las incidencias sobre el medio ambiente y el turismo del petróleo y el gas que encontrara y explotara Repsol. Lo que querían era encontrarlo y explotarlo ellos.
Y con este deseo insatisfecho terminó Rivero su vida política, pues no pudo volver a presentarse, como pretendía, en la legislatura 2015-2019. Las rivalidades internas lo impidieron y el ex presidente –licenciado de la política– cruzó las puertas giratorias para incorporarse al grupo empresarial Naviera Armas-Trasmediterránea como responsable de Relaciones Institucionales. Que le vaya igual de bien, que a Canarias sin él.
NOTAS
(1) En estas elecciones CC se presentó otra vez en coalición con el PNC, tras un paréntesis de 8 años en que este partido formó parte de la Federación Nacionalista Canaria. Juan Manuel García Ramos había dejado CC en 1998, después de sus desavenencias con Manuel Hermoso.
En relación a esto, recuerdo una sesión del Parlamento en la que Hermoso, que siempre ha sido más ruin que carne pescuezo, se dirigió a él como el diputado Juan García, omitiendo su segundo apellido. El aludido, apellidado García por su padre (digno propietario de una venta en La Laguna) y Ramos por su madre, gustaba ser nombrado por sus apellidos completos (aunque sin guion entre estos), quizá para vincularse a los García-Ramos (con guion), que decían ser descendientes de una hija del mencey guanche Bencomo, la princesa Dácil, que, según el Poema de Viana, tuvo amores con un conquistador castellano.
No lo sé. Lo cierto es que García Ramos se picó por aquella pequeña maldad de Hermoso y con escasa sutileza, no muy acorde con sus reconocidas dotes intelectuales, le contestó comparándose –aunque solo en el nombre– con Juan García “El Corredera”, famoso antifranquista grancanario, que después de más de 20 años huido en zonas del interior de la isla, fue capturado por la Guardia Civil en 1958 y ejecutado a garrote vil al año siguiente.
Los grandes hombres suelen caer en estas fruslerías infantiloides. Y que conste que lo de “grandes hombres” aplicado a estos personajes es solo una licencia retórica.
(2) El colofón de esta historia está cargado de simbolismo. Junto a la corrupción legal del Parlamento de Canarias está –también relacionada con la construcción del puerto de Granadilla–la corrupción ilegal que fue noticia posteriormente y donde aparecían como protagonistas nuestro viejo conocido Luis Suárez Trenor, director por esas fechas de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que unía ya dos imputaciones como presunto autor de cobro de comisiones a empresas por adjudicación de obras públicas, y el que fuera uno de los principales fundadores de Coalición Canaria, en los años 90, Julio Bonis, desde hace años domiciliado en México, donde, según investigaciones policiales, actuaba como testaferro de políticos corruptos de varias comunidades del Estado en el cobro de dineros mal pagados.
Se calcula que ambos arramblaron con varios millones de euros, a base de comisiones de la empresa OHL, beneficiaria de varias concesiones de obras en las Islas. Esto, y la implicación de otros dirigentes de CC, como el palmero Antonio Castro Codobez, consejero de distintas carteras en varios Gobiernos de C.C. y presidente del Parlamento Autómo en la VII y VIII legislatura, y el expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, ha sido objeto de noticia en los medios de información.
Entradas a noticias sobre las corrupciones de Suárez Trenor y otros compinches:
https://www.eldiario.es/
* Gracias a Julián Ayala
