Putinzar España, imposible - por Nicolás Guerra Aguiar

Tres mujeres jóvenes, componentes de un grupo musical ruso, cantaron en la iglesia ortodoxa Cristo Salvador de Moscú contra el señor Putin, ex presidente de Rusia (2000-2008), ex primer ministro durante la presidencia de Dimitri Medvedev (2008-2012) y, otra vez, presidente en esa pantomima democrática que es la alternancia en el poder.

  Una jueza acaba de dictar sentencia: el trío debe cumplir dos años de prisión. Para la UE se trata de una «condena desproporcionada», lo que confirma las dudas sobre el respeto a la libertad de expresión en Rusia. La señora Asthon, jefa de la diplomacia europea, manifiesta su gran decepción y supone que la sentencia será «revisada y revocada en línea con los compromisos internacionales de Rusia», pues hay sospechas de irregularidades. El Consejo Supremo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, aunque considera como blasfemo el comportamiento de las cantantes (pasamontañas, medias y faldas cortas), solicita clemencia hacia las condenadas por «gamberrismo motivado por odio religioso».

  Para la oposición rusa es un acto de venganza del señor Putin quien, dicen, pretende eliminar las críticas a su Gobierno e implantar un régimen con reminiscencias zaristas (lo que aquí llamo Putinzar), es decir, absolutismo o, quizás, el viejo totalitarismo, el del partido único identificado tanto con el Estado que llega a suplantarlo. Uno de los elementos de control lo ejerce, precisamente, la policía política, antigua KGB de la URSS a la que perteneció el propio Putin. La represión policial del pasado 6 de mayo contra sus opositores es un argumento más de la oposición, al que suman las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento: restricciones de mítines, sospechas de espionaje sobre ONG extranjeras, aumenta las cuantías de las multas contra manifestantes contrarios al Gobierno, rigurosísimo control de las convocatorias en Internet e, incluso, juicios a quienes encabecen manifestaciones no autorizadas. Durante el proceso fueron detenidas varias personas en el exterior del juzgado, entre ellas el coordinador del Frente de Izquierda y el ajedrecista Gari Kaspárov. Sin embargo, casi la mitad de la población rusa tiene una opinión positiva sobre Putin, por más que hace seis meses esta llegaba al sesenta por ciento.

  ¿Y qué tiene que ver con España? ¿Hay posibilidades de putinzar nuestra realidad política como está sucediendo en Rusia, simple remedo, superflua imitación de lo que es un Estado democrático, y que avanza hacia la implantación definitiva del Partido único, o de dos, pero con grandísimas coincidencias, tal como sucedió en La España del XIX y principios del XX? ¿Puede establecerse en este país, vistas las peligrosísimas circunstancias sociales y económicas, un intento de absoluto control por parte de algún iluminado que se apoye en el voto popular como le pasó a Putin, aunque es preciso poner reparos a las formas empleadas por este para obtener mayoría? Vayamos por partes.

  España no es Rusia, aunque ambos países sufrieron en sus entrañas las exacerbadas pasiones de dos dictaduras que persiguieron libertades esenciales, encarcelaron y asesinaron para mantenerse en el poder. Supuestamente antagónicas, las duras dictaduras  (España, URSS) identifican a pesar de variantes y diferencias. Ambos países, también, dieron sus pasos hacia la democracia, y bien es cierto que en rigor cuantitativo sus formas de Gobierno son legales. Sin embargo, cuarenta años de dictadura (España) y casi setenta (URSS-Rusia), mantienen en algunos sectores maneras de sentir y de pensar que todavía no han sido sepultadas.

  En segundo lugar, y con mayor acentuación en Rusia, las restricciones se van imponiendo. Los ejemplos arriba expuestos dan fe de lo que allí sucede. Pero, ¿y en España? Echemos mano a la prensa, pues debo andar con pies de plomo, la delicadeza  del tema lo exige. Pura constatación, pues, de lo que he leído. Uno: un ciudadano español fue multado por enarbolar una bandera republicana (la II República fue voluntad popular) en un partido de balonmano: se le aplica la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (diariodeleon.es). Dos: por una manifestación desarrollada sin ningún incidente (parte policial), ocho estudiantes de Ciudad Real pueden ser sancionados con multas que van desde los 300 euros hasta los 30.000. La manifestación -subdelegación del Gobierno- no estaba autorizada. Protestaban contra los recortes en educación y las restricciones en becas (Mundo Obrero). Tres: treinta manifestantes fueron denunciados por concentrarse en la Diagonal de Barcelona para protestar por los peajes. Se les impuso multa de 200 euros a cada uno (Elmundo.es). Cuatro: Enric Piera puede ser multado porque se le considera el líder de una manifestación no autorizada que cortó la carretera N-340 durante veinte minutos. Fue intermediario con la policía (lavanguardia.com). Cinco: por contra, un juzgado de Valencia archivó la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes contra la delegada del Gobierno y el jefe de Policía por «impedir su derecho a la manifestación y permitir la coacción de los agentes» (cargas, detenciones). Se archiva porque la manifestación no tenía permiso gubernativo.

  Por tanto, un planteamiento: ¿cabe alguna posibilidad de que el Estado español, en aparente autodefensa –ya hay varios impactantes avisos, Marinaleda es uno- radicalice sus actuaciones y sea radicalmente legalista? En nombre de las leyes –no olvidemos que Franco fue legalmente Jefe de Estado-, ¿las previsibles convulsiones sociales podrán ser combatidas con represiones a la manera rusa o, por el contrario, precisamente por la delicadísima situación el Parlamento español debe ser muchísimo más prudente y más controlador de los Gobiernos? Sí, claro, pero… ¿y si el Gobierno tiene mayoría absoluta?